DOSCIENTOS DIEZ INSPECTORES
Con la difusión de un caso flagrante de trabajo esclavo en Buenos Aires, el kirchnerismo ha salido a atribuírse “la lucha contra la precarización laboral en el campo”. Lo cierto es que los K y Scioli, al cabo de siete años de gobierno, han consentido esa precarización, en beneficio de la “odiada oligarquía”.
A través de un reportaje, el ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango, acaba de reconocer que las patronales agrarias actúan con absoluta impunidad en lo que se relaciona con el trabajo en negro y aún esclavo en las explotaciones y fincas. No fue esto lo que el gobierno había puesto en discusión durante la disputa sojera de 2008. Según el ministro, su cartera sólo tiene 210 inspectores laborales y de seguridad e higiene, una cifra con la que es imposible – son sus palabras - controlar las situaciones de reducción a la servidumbre como las que se descubrieron esta semana en campos de San Pedro. Lo mismo ocurre en las provincias y en la Ciudad en materia de inspección laboral. Se trata de una carencia bien planeada. Sólo en tare! as de desfloración del maíz trabajan en la provincia de Buenos Aires entre 3000 y 5000 trabajadores rurales, en su mayoría provenientes de otras provincias. Muchos de ellos lo hacen en condiciones infrahumanas – sin agua potable, sin baños, con alimentos vencidos y provenientes de la ayuda social, amenazados de ser corridos a tiros si escapaban a sus labores y con precios exorbitantes por sus consumos. Los empresarios que explotan el trabajo en negro, gozan de un jubileo absoluto, “por las dificultades, según el ministro, para acceder a los campos”.
Incluso en el caso Nidera, la ingerencia del ministerio de Trabajo de la provincia fue incidental, ya que la detección de los trabajadores reducidos a la esclavitud correspondió a una fiscalía de la zona. Está probado el papel de Nidera, una de las primeras 50 empresas exportadoras (6 % del total de exportaciones de granos) pero también el de las tercerizadas. Southern Seeds Production, es otra empresa responsable del trabajo esclavo impuesto a otros 69 trabajadores hallados en el paraje La Luisa.
Desde el Partido Obrero reclamamos la expropiación sin pago de las empresas que emplean trabajo esclavo y la renuncia de todos los funcionarios responsables por ocultar este estado de cosas, incluido el Gobernador.
13. 11.11 Partido Obrero
Para comunicarse: Jorge Altamira: 15 4423 7873
Marcelo Ramal: 15 5690 1943
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