Diez
años atrás, el pueblo de Argentina se arrogó un derecho que no tiene
reconocido por la Constitución Nacional: revocó, por medio de la acción
directa, el mandato de un gobierno electo. El intento de ‘proteger' a
las clases medias mediante el estado de sitio fue respondido con una
enorme rebelión popular. Entre el ‘peligro' de los de abajo y la
confiscación de los de arriba, los sectores medios eligieron su campo.
La renuncia veloz del gobierno permitió mantener la continuidad jurídica
del Estado, mediante un gobierno designado por el Congreso. Una década
más tarde, este derecho de revocatoria sigue presente en la conciencia
popular e incluso en la del régimen político. Los cortes de ruta, las
manifestaciones sin autorización, las ocupaciones de empresas,
universidades y colegios son cotidianos. La conmemoración del décimo
aniversario reunió alrededor de treinta mil personas -sin la presencia
de ningún contingente del oficialismo ni de la oposición patronal.
La
bancarrota de Argentina, hace diez años, es un caso de modelo ‘puro' de
disolución de las relaciones sociales capitalistas: hacia allí converge
la crisis mundial actual. Fue un Lehman Brothers ‘avant la lettre': la
devaluación del peso fue una expresión del derrumbe económico, no una
‘salida' a la crisis, la cual emergió por otras circunstancias. Produjo
una bancarrota total del sistema bancario, la caída vertical de la
producción, una virtual desaparición de la moneda y una desocupación en
masa (un 60 por ciento entre desocupados y subocupados). La quiebra
financiera del Estado obligó a los Estados federales a emitir moneda
propia -catorce monedas diferentes- y, en algunos casos, emergió el
trueque. La unidad política del Estado operó como el recurso último de
supervivencia del capital.
El
default, la devaluación del peso y la caída del gobierno consumaron un
golpe de Estado por parte del FMI y de la burguesía argentina. El
primero financió, durante 2001, una fuga de capitales de alrededor de 50
mil millones de dólares, los que quedaron exentos del default. La
burguesía nacional obtuvo la desvalorización de sus deudas en pesos y
ventajas comerciales. La desvalorización económica (el PBI, en valor,
cayó de 300 mil a menos de 100 mil millones de dólares) sirvió como
premisa de la recuperación de la economía desde mediados de 2002, pero
solamente porque la crisis quedó confinada a las fronteras nacionales y
se desarrolló una irrupción enorme de China en el mercado mundial de
alimentos y minerales. Lo mismo ocurrió con toda América del Sur, cuyas
monedas estuvieron sobrevaluadas durante toda la década. En el marco de
una crisis mundial, como ocurre en la actualidad, esto no hubiera sido
posible.
El
oficialismo asegura que resolvió el problema de la deuda externa debido
a que consiguió una quita del 75 por ciento. Falso. La refinanciación
afectó, en primer lugar, solamente a la mitad de la deuda -la contraída
con los acreedores privados. En segundo lugar, la deuda refinanciada
estaba inflada por la acumulación de intereses usurarios impagos de los
rescates de 2001. En tercer lugar, la refinanciación del kirchnerismo
incluye un bono que se ajusta al crecimiento del PBI, que ha dado
rendimientos extraordinarios en los diez últimos años. La deuda pública,
en 2011, supera en 25 mil millones de dólares a la anterior a la
crisis. Para pagar la deuda renegociada, el gobierno procedió a la
confiscación de fondos del fondo de pensiones del Estado, de la
asistencia médica a los jubilados, del Banco Central y de otras cajas
del Estado. La deuda externa ha sido convertida, en casi un 60 por
ciento, en una deuda pública interna, la que será refinanciada en forma
indefinida -lo cual equivale a una confiscación de los jubilados. Ahora
que esta política confiscatoria se encuentra agotada, el gobierno ha
anunciado un aumento extraordinario (300 por ciento) de impuestos y de
tarifas de servicios, acompañado por el anuncio de un congelamiento
relativo de salarios frente a una inflación anual del 30 por ciento.
Esto demuestra que Argentina aún sigue en default. No debe extrañar que,
a poco de ganar las elecciones, el gobierno enfrente la peor crisis
política desde 2003: ruptura con la burocracia sindical y con numerosos
gobernadores de provincia.
La
bancarrota de 2001 no ha sido superada en términos estructurales. El
Congreso acaba de renovar la ley de emergencia económica de hace una
década; el sistema bancario se ha reducido en una tercera parte; la
población que se encuentra por debajo del nivel de pobreza sigue en el
30/35 por ciento anterior a la bancarrota; el promedio de salarios es de
3200 pesos (520 euros), la mitad del costo de una canasta familiar; los
subsidios a los servicios públicos, otros tipos de subsidios y las
exenciones impositivas consumen el 40 por ciento del presupuesto. Como
la deuda pública y la deuda externa siguen siendo impagables, hay
gestiones activas para reanudar el endeudamiento internacional. El
aumento de impuestos y tarifas, junto con la reducción relativa de los
salarios han llevado a un choque con los sindicatos. La quiebra política
que ha irrumpido en el oficialismo, a pocos días de su triunfo
electoral, ha reforzado la tendencia bonapartista del régimen político
-es decir la etapa previa de una crisis final.
Ninguna
nación puede salir de la bancarrota económica sin repudiar la deuda
externa, o sea sin romper con todas las relaciones políticas (nacionales
e internacionales) que la sustentan. El repudio a la deuda plantea, en
Europa, la ruptura con la Unión Europea y desataría una situación
revolucionaria, la que tampoco se limitaría a un solo país. Tomada en su
conjunto, la bancarrota de la UE plantea la toma del poder por los
trabajadores y la Unidad Socialista de Europa, incluida Rusia. Un
retorno al orden de cosas precedente no sólo es inconcebible, sino que
reforzaría la opresión de los países ‘periféricos' por parte del
imperialismo e incluso desataría una guerra inter-imperialista. Nosotros
planteamos la Unidad Socialista de América Latina, incluido Puerto
Rico.
La
bancarrota de 2001 le ofreció una nueva oportunidad al nacionalismo
burgués, gracias también al seguidismo de la izquierda democratizante
(liderada por el partido Comunista, que hoy se encuentra dentro del
gobierno) y de sindicatos integrados al Estado. Su fracaso es
incuestionable, porque no ha modificado, sino que ha acentuado la
dependencia del capital internacional. La intervención del Partido
Obrero en el Argentinazo (con la consigna "que se vayan todos" y por
"una asamblea constituyente convocada por un gobierno de trabajadores")
sentó las bases de un desarrollo político ulterior sin precedentes, que
se manifestó primero en la organización del movimiento de desocupados y
luego en la conquista de numerosos cuerpos de delegados en las fábricas,
así como de centros y consejeros en las universidades y colegios. En
las elecciones recientes, el Frente de Izquierda obtuvo el mayor
porcentaje de votos de la izquierda en el último cuarto de siglo, con un
programa revolucionario (repudio de la deuda, expropiación de los
bancos, nacionalización sin pago de recursos básicos, control obrero de
la producción, gobierno de trabajadores). En numerosas ciudades alcanzó
el 6 por ciento de los votos. En algunas (Salta, Capitán Bermúdez), el
14 y el 18 por ciento. Se desarrolla una perspectiva política
revolucionaria, en el marco de una crisis definitiva del gobierno y de
una crisis mundial imparable.
El Argentinazo fue un "pre-ensayo general".
No hay comentarios:
Publicar un comentario